Debatir acerca del tema del aborto casi siempre implica entrar en el territorio de una polémica en la que se enfrentan dos posturas que parecieran irreconciliables: por un lado, tenemos aquella que se define a partir de un análisis jurídico, científico y social que busca la despenalización defendiendo que las mujeres gestantes poseen un cuerpo sujeto a derechos y la capacidad de elegir sobre él; y por otro, tenemos la opinión que defienden los frentes más dogmáticos y religiosos que pretenden seguir criminalizando a las mujeres que toman la decisión de abortar, aludiendo a razones moralistas y éticas.
En múltiples ocasiones, enfrentando esta última postura, hemos puntualizado que, el tema principal del debate en los congresos no debería limitarse a la postura dicotómica y hasta simplista de que “el aborto sea bueno o malo”, puesto que “el debate sobre su moralidad e inmoralidad debe limitarse a las conciencias individuales”. Lo que debe discutirse realmente es si debe ser penalizado. Tomando en cuenta que en el periodo que transcurrió entre los años 2010 y 2017 más de 3,900 mujeres han sido criminalizadas por abortar, consideramos que el argumento religioso, que no toma en cuenta información científica sólida como que un embrión de 12 semanas no tiene las condiciones que particularizan a un ser humano biológicamente caracterizado (como una corteza cerebral) no es suficiente para vulnerar los derechos de 3,900 mujeres que deberían ser protegidas por un estado que se pretende laico.
Texto: Isela Pavón
Foto: Archivo CCV
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